Cese bilateral podría frenar más de 100 choques con el ELN

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Lima, 12 Sep (VF/teleSUR) El cese bilateral del fuego que será pactado el primero de octubre entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia deberá frenar los 165 choques semanales entre el grupo insurgente y la Fuerza Pública.
Recientes cifras entregadas por el ELN indicaron que 165 choques violentos se presentan cada semana y estos deben sumarse a los que se presentan con paramilitares.
Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) atemorizan a las comunidades del departamento del Chocó y desde marzo los habitantes denuncian las operaciones de las AGC.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que las AGC desarrollan operaciones de control social en nueve lugares del Consejo Comunitario y ejecutan operaciones económicas ilegales. 
Las estadísticas oficiales demuestran que el conflicto armado sigue siendo una realidad en Colombia, resalta un escrito publicado en la revista Voces de esa insurgencia. El ELN aseguró que los hechos reportados en las últimas semanas fueron atribuidos y reportados por el Frente de Guerra Capitán Omar G y el Frente de Guerra Oriental.
“Si esos registros se suman los enfrentamientos de nuestras fuerzas con grupos paramilitares, aunque actúan en contubernio con el Estado en la mayor parte de los casos, no contabilizan en esa estadística, la situación se muestra en toda su dimensión y gravedad”. 
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El ELN resaltó que el estado de las confrontaciones es grave y de importante magnitud, así no aparezca en los medios de comunicación.
Analistas señalaron que el cese bilateral venidero representará un respiro para las comunidades que se ven enfrentadas al conflicto a diario, un alivio para las conversaciones de paz desarrolladas en Quito, Ecuador, y una oportunidad para que la participación se desarrolle mejor.

Paramilitares amenazan de muerte a dirigentes de Colombia

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Lima, 2 Aug (VF/teleSUR) Miembros de Marcha Patriótica y de Juventud Rebelde, de Colombia, denunciaron este miércoles que grupos paramilitares amenazaron de muerte a sus integrantes, a través de panfletos y mensajes de texto.  
Mediante un comunicado, Marcha Patriótica alertó sobre de la décima amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en contra del defensor de derechos humanos Huber de Jesús Ballesteros Gómez, así como también en contra de su hija y su pareja, quienes también hacen parte del movimiento.
“Se vieron en las calles panfletos amenazantes en contra de dirigentes de organizaciones sociales, entre ellas La Juventud Rebelde Barrancabermeja, que aparecen como autoría las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, señalaron.
Los movimientos políticos exigieron al Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, garantizar sus derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal y la libre asociación.
Precisaron que a pesar de las amenazas, el Gobierno no ha tomado alguna acción para salvaguardar sus vidas, ni las de los defensores que hacen parte del colectivo político.
Ante esto, responsabilizaron al Gobierno de Colombia, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a la Unidad Nacional de Protección de lo que les suceda.
Asimismo, exigieron que se inicien las respectivas investigaciones de los responsables de los delitos de “amenaza, calumnia y los que la Fiscalía considere pertinentes”.
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Detienen a 6 paramilitares colombianos en protestas venezolanas

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Lima, 17 May (VF/teleSUR) El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, anunció este miércoles la detención de seis paramilitares colombianos durante los actos violentos perpetrados por grupos opositores el pasado 1º de mayo en el estado Táchira.
“Se ha practicado la detención de seis paramilitares colombianos, que fueron detenidos ayer portando uniformes de la Policía Nacional Bolivariana”, expresó.
En una rueda de prensa, Reverol ofreció detalles sobre los actos violentos registrados en los estados Táchira y Miranda durante las manifestaciones convocadas por la oposición.
En el caso de Táchira se cometieron asaltos y destrozos a 11 establecimientos comerciales. “El Estado se reunirá con los dueños de los 11 locales destruidos por los terroristas y paramilitares”. 
Asimismo, denunció que estos grupos violentos incendiaron sedes de la Policía Nacional Bolivariana en Táchira.  
Reverol también precisó que Diego Arellano, de 27 años de edad, falleció el martes por un impacto de bala en el tórax en San Antonio de los Altos (Miranda). “La muerte de Diego Arellano es a causa de una esfera metálica de acero de 11 milímetros (rolinera)”.

Una vez más, convocatoria hecha por la derecha Venezolana, enluta a las familias de esta Patria #17May pic.twitter.com/wAEgcXAVgN

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 17 de mayo de 2017

En el lugar donde falleció Arellano encontraron más de 12 esferas/balines, así como un niple usado contra los GNB. “Podemos determinar que el victimario y asesino se encuentra entre los manifestantes”, agregó.
Reverol aseguró que se realizarán las investigaciones necesarias para hallar a los responsables de esta muerte.

CNTE de México: Gobierno financia paramilitares para reprimir protestas

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Lima, 22 Jul (VF/teleSUR) Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de México, le exigieron al gobierno federal que “deje el doble lenguaje, porque ha estado funcionando en un doble carril”, y aseguraron que el Ejecutivo financia paramilitares, grupos de choque, para reprimir el movimiento magisterial.

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Gobierno federal “mantiene doble lenguaje, (va) en un doble carril, pese a que hemos dejado de manifiesto los tres puntos esenciales para llegar a acuerdos, pero le han ido metiendo ingredientes de más que no permiten la construcción rápida de acuerdos”, subrayó la CNTE.

Al concluir la mesa de trabajo entre docentes y Gobernación en torno a los temas políticos y sociales, el dirigente del magisterio chiapaneco Adelfo Alejandro Gómez, aseguró que la administración federal está utilizando estos paralimitares para generar entre la opinión pública la impresión de “que la sociedad ya no nos da su respaldo; (eso) es falso. Los grupos que han salido a golpear a los compañeros son financiados desde esta secretaría”, reiteró.

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Entre tanto, Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a los dirigentes participar en los foro convocados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción del nuevo modelo educativo.

“Si ellos quieren un foro, si ellos quieren participar, si quieren un espacio, ahí está el espacio y se les está brindando… los demás temas se arreglarán en la medida en que se comprenda el modelo educativo”, señaló Miranda Navas.

Las declaraciones de Miranda Navas están enmarcadas en los recientes sucesos ocurridos en Chiapas y que, desde su perspectiva, solo corresponden “a las inconformidades de los maestros por la aplicación de la reforma educativa”, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, desde el 2013.

Encapuchados de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de los Altos de Chiapas (Almetrach) atacaron plantón de la CNTE en Chiapas.

>> CNTE de México rechaza nuevo modelo educativo
Los dirigentes de la CNTE, por su parte, insistieron en que mantendrán su demanda de abrogación de la reforma y mantuvieron su rechazo a sumarse a los foros de consulta sobre el nuevo modelo educativo elaborado por la SEP, pues creen que se trata de un proyecto elaborado de forma unilateral.

“Si ellos creen que en mes y medio van a consultar su reforma, nosotros les decimos que tenemos una propuesta educativa y vamos a caminar por esa ruta” de elaboración de un modelo integral que “incluya a todos y no sea una propuesta diseñada de forma unilateral”. Por esta razón, valorarán la posibilidad de realizar sus propios foros sobre el proyecto educativo nacional.

No obstante, afirmaron que será el martes cuando nuevamente acudan a una mesa de diálogo con el gobierno federal e indicaron que esperan que en esta ocasión sí haya respuestas a los temas que no se concretaron en la ronda de diálogo que acaba de concluir.

>> CNTE de México confirma que volverá hoy a la mesa de diálogo
En contexto
Este 20 de julio, cerca de 200 personas con palos, machetes y armas de fuego atacaron a docentes, estudiantes, padres de familia, representantes de más de medio centenar de colonias de la ciudad de Chiapas e integrantes de diversas organizaciones que mantenían, desde el 27 de junio, un bloqueo en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para exigir la abrogación de la reforma educativa.
Los agresores estaban acompañados por policías municipales y estatales, quienes rodeaban el bloqueo y permitían la agresión. Unas 24 horas después, la CNTE exigió el desmantelamiento de estos grupos de choque y civiles armados en la zona Altos de Chiapas, así como la inmediata detención de su líder, Narciso Ruiz Santiz, vinculado estrechamente al alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González.
Las protestas contra la reforma educativa llevan tres años de desarrollo, pero en el último mes y medio se intensificaron, sobre todo el sureste del país en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde se encuentra Nochixtlán. En esta ciudad oaxaqueña, 13 personas fueron asesinadas el 19 de junio en un operativo que la Policía Federal y la Policía Estatal realizó para desalojar el bloqueo carretero de los maestros.

FARC-EP y Gobierno colombiano podrían firmar la paz en junio

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El asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Enrique Santiago, aseguró este lunes que el acuerdo final de paz podría firmarse para finales de mayo o en junio si “no se pierde tiempo en discusiones innecesarias”.

“La firma del acuerdo de paz no podrá ser más tarde del primer semestre de este año. Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos, incluido el acuerdo final”, dijo Santiago en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo.

El asesor jurídico del grupo insurgente se mostró preocupado por las faltas de garantías de seguridad y políticas de desmantelamientos eficaz del paramilitarismo por parte del Gobierno colombiano, en el marco de un acuerdo final de paz entre las partes. 

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“Si hay compromiso y seriedad por parte del Gobierno de poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas podría estar concluido a finales de este año o en los primeros días del 2017, por lo cual el conflicto de más de 50 años se podría dar por concluido”, sostuvo.

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Santiago dijo que existe un problema sobre las zonas o territorios de paz, que el Gobierno pretende asimilar a centros de reclusión, algo contradictorio, debido a que si la insurgencia quiere participar en política debe interactuar con la población civil.

“Es absurdo que una fuerza guerrillera que ha mantenido relación con la población civil históricamente, y que esa relación ha sido su principal sustento y apoyo en estos 50 años de conflicto, cuando en este momento además quiere desaparecer como fuerza guerrillera y convertirse en fuerza política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil”, consideró.

El dato: El Gobierno colombiano y las FARC-EP dialogan de manera formal en La Habana desde noviembre de 2012 con miras a poner fin a un conflicto interno que dura desde 1964 y que ha dejado más de 220 mil muertos y 7,8 millones de desplazados, según cifras oficiales.

Líder de víctimas en Colombia es amenazada de muerte

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La activista colombiana Córdoba Rosa Amelia Hernández denunció este viernes que fue amenazada de muerte en un reciente panfleto enviado y firmado por el grupo paramilitar las Águilas Negras.

La amenaza también iba dirigida a ocho defensores de víctimas y de la izquierda de Colombia, así como a seis organizaciones de derechos humanos.

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En la lista figuran la exsenadora Piedad Córdoba y la Mesa Nacional de Víctimas, cuyo propósito es defender a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La primera en recibir la carta del grupo paramilitar fue la líder de víctimas Nancy Carvajal. Precisó que el panfleto se lo dejaron el pasado 7 de abril debajo de la puerta de su casa en Bogotá y enseguida puso la denuncia. 

Córdoba Rosa Amelia Hernández, quien hizo parte de la primera Mesa Nacional de Víctimas, hizo la denuncia este jueves en la Fiscalía y pidió protección. “Estas amenazas me las tomo en serio porque a todos mis compañeros los mataron y solo falto yo”, relató. 

>> Las FARC-EP piden desmantelar el paramilitarismo en Colombia
La exsenadora Piedad Córdoba dijo “esta (amenaza) no la había visto, pero en 10 días llevo tres. Veo que ahí también pusieron a la Casa de la Mujer, que es Olga Amparo Sánchez, pero tú hablas con el Gobierno y no pasa absolutamente nada”.

Las recientes amenazas contra líderes de víctimas y de la izquierda colombiana circularon en el marco del paro armado (que realizó a principios de mes el Clan Úsuga), dijo Alejandra Coll de la Ruta Pacífica de las Mujeres, organización que recibió amenazas en un panfleto distinto.

Caso Catatumbo 
Recientemente, el senador colombiano Iván Cepeda denunció el incremento de los asesinatos y la presencia paramilitar en la subregión del Catatumbo, situada al noreste del país, limítrofe con Venezuela.

“La sombra del paramilitarismo sigue presente en la víspera de un acuerdo de paz. Quienes afirmamos su existencia, vemos la nueva ola de violencia con características concomitantes con ese fenómeno: vínculos con funcionarios del Estado y con empresarios, exparamilitares retomando el poder y ataques a figuras políticas y a adversarios del narcotráfico”, denunció Cepeda en un artículo publicado por un medio español.

Foto del panfleto “sentencia de Muerte” de las Águilas Negras.

>> Denuncian presencia paramilitar al noreste de Colombia
El dato: Naciones Unidas registró solo en 2015 el asesinato de seis defensores de derechos humanos en Colombia.

Denuncian presencia paramilitar al noreste de Colombia

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El senador colombiano Iván Cepeda denunció este jueves el incremento de los asesinatos y la presencia paramilitar en la subregión del Catatumbo, situada al noreste del país, limítrofe con Venezuela.

>> Paramilitarismo en Colombia no garantiza una paz sostenible
Cepeda, congresista por el Polo Democrático Alternativo ante el Congreso de Colombia, exigió la protección de los integrantes de la Ascamcat, asociación de campesinos de esa zona, la cual abarca áreas hasta el lago de Maracaibo en el occidente venezolano. 

“La sombra del paramilitarismo sigue presente en la víspera de un acuerdo de paz. Quienes afirmamos su existencia, vemos la nueva ola de violencia con características concomitantes con ese fenómeno: vínculos con funcionarios del Estado y con empresarios, exparamilitares retomando el poder y ataques a figuras políticas y a adversarios del narcotráfico” denunció Cepeda en un artículo publicado por un medio español.

>> Capturan a hermano de Álvaro Uribe vinculado con paramilitares
El congresista expresó su  preocupación por los homicidios y la presencia del paramilitarismo en Catatumbo, rica en minerales y con terrenos óptimos tanto para la agricultura como para la ganadería.

Según Cepeda estas estructuras  paramilitares tienen entre sus objetivos atacar la ley de restitución de tierras y cualquier intento de reforma agraria, así como silenciar a quienes defienden derechos humanos o a los movimientos sociales.

El dato: Naciones Unidas registró solo el 2015 el asesinato de seis defensores de derechos humanos en Colombia.
Al menos  29 civiles y siete uniformados resultaron muertos en 2016 en 11 municipios colombianos. En las redes sociales aparecen panfletos intimidantes para obligar a algunas personas a salir de Catatumbo, con la amenaza de que su vida peligra, reseña el portal digital Verdad Abierta.

>> Paramilitarismo en Venezuela

Paramilitarismo en Colombia no garantiza una paz sostenible

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Organizaciones sociales y comunitarias de Colombia debatieron en una Audiencia Pública, titulada Persistencia del paramilitarismo, sin garantías no hay paz sostenible, sobre la presencia del paramilitarismo en ese país.

>> Capturan a hermano de Álvaro Uribe vinculado con paramilitares
El debate se realizó en el salón Boyacá del Congreso de la República con la presencia de más de 30 organizaciones sociales y comunitarias, que exigieron al Gobierno colombiano la protección ante las diferentes amenazas de muertes que reciben sus integrantes por parte de paramilitares. 

Los activistas denunciaron la situación por la que atraviesan varias regiones, por ejemplo el departamento de Sucre, donde se ha reportado la presencia en los últimos años de varios grupos como las AGC, los Rastrojos y las Águilas Negras. 

Los grupos irregulares han sido denunciados por su responsabilidad en los siguientes hechos, según los voceros sociales, del asesinato de Alex Miguel Arrieta en el 2008, la quema de diez ranchos en 2011, el asesinato en marzo de 2011 de Éder Verbel Rocha, miembro de MOVICE Sucre, y el atentado que casi le cuesta la vida al líder Andrés Narváez el 12 de junio de 2014.

Además, recordaron que a principio de abril el presidente de la asociación de campesinos y campesinas, Argemiro Lara, líder defensor de derechos humanos y de restitución de tierras, recibió en su celular amenazas a través de mensajes de texto firmados por las Águilas Negras. 

El senador colombiano Iván Cepeda aseguró que “estamos ante un tenebroso fenómeno que ha evolucionado en el tiempo: el paramilitarismo”, además, dijo que “es insostenible que el gobierno siga sin reconocer la presencia de estos”. 

“La nueva campaña antirrestitución de tierras se inscribe en una estrategia general, de intereses económicos protegidos por los paramilitares”, indicó Cepeda e instó a investigar estrategias contra la restitución que se vislumbra en el norte del país. 

>> Venezuela halla campamentos paramilitares en el centro del país
 

Otras voces 

El padre Javier Giraldo advirtió este viernes que más de la mitad de mil 889 violaciones a los derechos humanos registradas en Colombia el año pasado fueron cometidas por “paras” lo que evidencia que el paramilitarismo, contrario a lo que se afirma, sigue vivo en el país.

El padre Giraldo, en entrevista  a la revista Semana, expuso las conclusiones del informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Populares (CINEP).

El CINEP, en su Informe General de 2015, vuelve a señalar: “…la violencia derivada de la falta de una desarticulación efectiva y completa de las estructuras armadas de grupos paramilitares, continúa impactando severamente los derechos de las y los habitantes de Colombia”, cuando el Estado colombiano sigue manifestando haber desmontado a los grupos paramilitares.

>> Indígenas colombianos denuncian crecimiento del paramilitarismo
El clérigo aseguró que en este momento el paramilitarimo es un problema muy serio para las negociaciones de paz que se vienen desarrollando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana, Cuba, porque el Gobierno se ha dedicado a decir que eso ya no existe y que los paramilitares se desmovilizaron. 

El Consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Arias, advirtió este sábado que el fortalecimiento del paramilitarismo en varias regiones constituye una amenaza para la tranquilidad de las comunidades y la construcción de la paz del país. 

Por su parte, las FARC-EP esperan cerrar en el actual ciclo de negociaciones de paz un acuerdo sobre garantías de seguridad y desmonte del paramilitarismo. 

 

“El paramilitarismo sigue vivo” https://t.co/EtPwH4W0mY #SonParasNoBacrim pic.twitter.com/sn8kTypL4o

— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) 15 de abril de 2016

 

64 amenazas contra defensores de DDHH en el dpto. del #Magdalena en 2015: Informe del @CINEP_PPP

— Observatorio (@ODCCaribe) 14 de abril de 2016

Autoridades colombianas capturan a 25 miembros del Clan Úsuga

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Unos 25 miembros del Clan Úsuga fueron detenidos en Colombia por su vinculación con las amenazas y ataques contra las autoridades y la población civil, en medio del paro armado que afectó a ese país hace dos semanas, según informó la Policía de Colombia este miércoles.

En el comunicado, el cuerpo de seguridad detalla que tres de los detenidos eran cabecillas de la organización criminal y “tenían en su contra circular azul de Interpol”.

Sobre los detenidos, puestos a la orden de la Fiscalía colombiana, pesan acusaciones por los “delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, extorsión y homicidio”.

>> Bandas criminales operarían en el Congreso de Colombia
El Clan Úsuga está presente en 22 de los 32 departamentos de Colombia, lo que la convierte en la mayor banda criminal colombiana nacida tras la desmovilizaciones paramilitares ocurridas entre 2003 y 2006, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, quien les ofreció a cambio beneficios jurídicos, detalla un informe de la Defensoría del Pueblo.
Entre el 15 y el 20 por ciento de los paramilitares desmovilizados durante este período forman parte de las bandas criminales (bacrim), que tienen en sus filas unos dos mil 650 miembros.

>> FARC-EP esperan cerrar acuerdo sobre paramilitarismo
En contexto
El Clan Úsuga es una banda narcoparamilitar, antes denominaba como “Los Urabeños”.

Es considerada la organización paramilitar más grande, peligrosa y mejor estructurada de Colombia por la cantidad de combatientes que la integran, por las zonas donde hacen presencia y el gran número de cargamentos de droga que trafican en el ámbito nacional e internacional.

Es señalada de pertenecer a las denominadas Organizaciones Integradas al Narcotráfico (ODIN).

A la medianoche del 30 de marzo, la banda inició un paro armado de 48 horas de duración y que dejó seis uniformados muertos.

FARC-EP piden no entorpecer diálogos de paz en Colombia

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El jefe del equipo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, responsabilizó al ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, por querer entorpecer los diálogos de paz en La Habana.

 

De qué sirve ministro Villegas su sátira inoportuna contra el ELN, cuando todo el país celebra el inicio de los diálogos de paz Gobierno-ELN

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 5 de abril de 2016

 

A través de su cuenta en Twitter, Márquez expresó su descontento con el lenguaje de Villegas y aseguró que el paramilitarismo sigue siendo una amenaza para consolidar la paz en Colombia.

 

El ministro de Defensa Villegas está resucitando el mismo lenguaje pendenciero de su antecesor Pinzón, que generó tantas trabas al proceso

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 5 de abril de 2016

 

Además, expresó que Villegas no ve la importancia del paramilitarismo en Colombia y que es una amenaza para la paz y la democracia el pueblo. 

 

El paramilitarismo no es una excusa para dilatar nada; es una amenaza letal contra la paz y la democracia.

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 5 de abril de 2016

 

“El ministro Villegas está resucitando el mismo lenguaje pendenciero que el de su antecesor Pinzón que generó tantas trabas en el proceso”, dijo el jefe del grupo insurgente al señalar que el paramilitarismo no es una excusa para dilatar nada; “es una amenaza contra la paz y la democracia”.
El vocero de las FARC-EP insistió en que el paramilitarismo se está expandiendo, por lo que esperan recibir garantías de que este grupo armado no se convierta en una amenaza, como ha ocurrido en otros periodos cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con estos, quienes terminaron en la cárcel por estas acciones. 

Márquez pidió al ministro Villegas no intervenir en temas que no se han discutido en la mesa de negociación para conciliar los diálogos de paz. 

En contexto
Delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y negociadores del Gobierno colombiano continúan este martes un nuevo ciclo de los diálogos de paz en la ciudad de La Habana, capital de Cuba. 
A principios del 2016, el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, Iván Márquez y todos los voceros del grupo insurgente vaticinaron que el 23 de marzo no se firmaría el acuerdo final.