Violación de derechos humanos se intensifican en Colombia

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Lima, 9 Sep (VF/teleSUR) La violación de derechos humanos en Colombia cada vez se intensifica más, denuncian múltiples organizaciones, que aseguran que a pesar de la firma del tratado de paz se siguen presentando casos de violaciones en gran parte del territorio nacional, en especial las zonas protagonistas del conflicto armado.
 
Colombia registra una crisis de seguridad que afecta a sus líderes sociales en las zonas rurales, donde se han reconocido unos 120 asesinatos entre enero de 2016 y febrero de 2017 por parte de la Defensoría.
>> Timochenko pide al papa orar por el fin del conflicto, Colombia
 
Un informe de la organización colombiana Somos Defensores reveló que en la última década se han registrado más de 500 homicidios. En 2016 fueron asesinados 61 defensores de los Derechos Humanos (DD.HH.) en Colombia y en lo que va de 2017 se contabilizan unas 38 víctimas, según la Fiscalía. 
 
El director de Somos Defensores, Carlos Guevara, indicó que las zonas más complicadas para ejercer sus labores de defensa siguen siendo los territorios en los que se desarrollaban los conflictos armados. 

#Colombia | ELN pide que cesen asesinatos de líderes sociales https://t.co/FnNkIRVOCL pic.twitter.com/gTLuH9LZRT

— teleSUR TV (@teleSURtv) 3 de julio de 2017

 
Muertes por desnutrición 
Por otra parte, el incremento de las muertes de niños por desnutrición en La Guajira cada año se intensifican. En el 2016 se registró la muerte de unos 45 niños en el territorio.
 
Mientras que en lo que va de 2017 la Administración Temporal de Salud del departamento colombiano de La Guajira informó que al menos 25 niños menores de cinco años fallecieron por la mala alimentación.

Las medidas cautelares solicitadas a @CIDH para los abuelos Wayúu no dan espera.

Gobierno no garantiza su derecho a la salud, a la vida. pic.twitter.com/HFFSrhUmvR

— Carolina Sáchica Mor (@carosachica) 2 de septiembre de 2017

 
 
>> ELN y gobierno de Colombia: cese al fuego bilateral hasta 2018
La impunidad en Colombia
 
“El Gobierno llama paz a la desmovilización de las guerrillas y los fusiles, pero para nosotros tiene que ver con la garantía de los derechos, con la permanencia digna en los territorios y con la soberanía”, expresó la miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, Milena López Tuta. 
 
López denunció que en Colombia la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos llega al 90 por ciento. Solo algunos han sido investigados debido a la presión social y el acompañamiento internacional. 
 
La representante de la fundación aseguró que la impunidad es una herramienta más para reprimir. “A pesar que algunos crean que estamos en situación de paz, la realidad es que los derechos humanos están empeorando”, apuntó Tuta.

William Saab: Anterior Ministerio Público aupaba impunidad y violencia

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Lima, 3 Sep (VF/teleSUR) El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó este domingo que la antigua gestión del Ministerio Público administrada por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, aupaba la violencia impulsada por la oposición y promovía la impunidad en el país. 
Luego de asumir el cargo como fiscal general del país, Saab enfatizó durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, transmitido por un canal privado, que en los últimos nueve años la institución se convirtió en una instancia aislada que planificaba acciones para avalar la corrupción y promover la extorsión, hecho que corrompió la justicia en el país.
El fiscal agregó que Díaz era cómplice del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que en Venezuela se cristalizara un golpe de Estado institucional en contra de la voluntad popular del pueblo, que eligió al presidente Nicolás Maduro mediante elecciones universales. 
“Se intentó un golpe de Estado institucional, con el apoyo abierto del secretario general de la OEA. Eso obedeció a una declaración que dio la exfiscal el 31 de marzo para desencadenar una cadena de eventos para propiciar una guerra civil y romper el hilo constitucional. Entre abril y julio se registraron altos niveles de violencia urbana, así como la inédita actuación de grupos de choque que ocasionaron más de cien muertos, centenares de heridos”, precisó.
>> Fiscal insta a rechazar campaña internacional de Luisa Ortega contra Venezuela
Mientras que Ortega Díaz estuvo en el cargo “el MP fue convertido en una especie de cartel para extorsionar, cobrar comisiones en bolívares, bienes materiales o en moneda extranjera, para imputar y sembrar pruebas a personas inocentes”. 
Sobre la posición cómplice de dirigentes de la derecha, plasmada en un comunicado público en donde apoyan las amenazas de una intervención militar del Gobierno de los EE.UU. contra Venezuela, destacó que se abrió una investigación para penalizar estas acciones que atentan contra la soberanía, integridad e independencia venezolana.

El 91 % de crímenes periodistas en Honduras quedan impunes

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Lima, 2 May (VF/teleSUR) El 91 por ciento de los crímenes contra periodistas en Honduras que ocurrieron desde 2001 están en la impunidad. Así fue reportado en un comunicado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
El informe reporta que hay 69 crímenes desde 2001 ligados a medios de comunicación de los cuales “solo seis tienen sentencia”. Añade que “de 26 casos de periodistas, comunicadores sociales y propietarios de medios de comunicación muertos violentamente desde el 2014 a la fecha, solo en dos casos los responsables fueron condenados por el delito cometido”.
>> México, el país donde asesinatos de periodistas quedan impunes
El comunicado estatal publicado este martes tiene como motivo la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra cada 3 de mayo. El Conadeh convocó a las autoridades hondureñas a “intensificar los esfuerzos encaminados a investigar y procesar a los responsables de los crímenes cometidos contra personas ligadas a los medios de comunicación”.
Entre los datos reportados por el Conadeh resalta la situación del departamento Francisco Morazán, donde se encuentra la capital Tegucigalpa, escenario de 18 muertes violentas y solo una ha sido objeto de sentencia. En el departamento de Cortés, el segundo más importante del país, hay 14 comunicadores asesinados pero solo dos condenas.
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México, el país donde asesinatos de periodistas quedan impunes

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Lima, 6 Apr (VF/teleSUR) Los asesinatos y constantes amenazas cometidas contra los periodistas en México demuestran el deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La situación para el gremio en ese país se recrudece cada vez más y lo peor es que la voluntad para resolverlo es casi nula. Las cifras hablan: desde el año 2000 hasta la fecha se registran 123 asesinatos, 20 desapariciones y sólo tres casos han sido resueltos.
Según un informe presentado por la organización Artículo 19, en el año 2016 se registraron en todo el país 11 asesinatos y 426 agresiones reportadas, acciones de espionaje gubernamental comprobadas, 72 amenazas a través de redes sociales y una tasa de impunidad de 99.75 por ciento.
2016 ha sido uno de los peores años para la prensa mexicana. “Fue un año en el cual las autoridades federales, estatales y municipales no pudieron garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada. 
En México no se cumple, la vida de reporteros está en riesgo.
Las cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) evidencian que desde julio de 2010 a diciembre de 2016 se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinatos.
El resultado de los casos no resueltos demuestra la ineficiencia de las autoridades para solucionar la situación. La propia FEALDE en respuesta a una solicitud de transparencia arrojó que solo tiene tres casos resueltos: en el año 2012; y otras dos en 2016, lo quiere decir que el 99.7 por ciento de las agresiones no han recibido una sentencia.
En lo que va de año 2017 los índices de violencia contra el sector se ha incrementado en un 30 por ciento con respecto a la fecha del año pasado.

El asesinato de la periodista Miroslava Breach es el cuarto ocurrido en el primer trimestre de 2017.

En el primer trimestre de este año se registraron cuatro asesinatos a reporteros, tres de ellos ocurridos solamente en el mes de marzo, el último fue el de la corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach, quien recibió un disparo en la cabeza en presencia de sus hijos, a la salida de su residencia.
El dato: Según una investigación realizada por las académicas universitarias Mireya Márquez y Sallie Hughes, el 42,8 por ciento de los periodistas amenazados escribieron notas sobre el crimen organizado.
El caso generó protestas y reclamos a las autoridades para acabar con la impunidad de estos crímenes, que tienen como principal causa, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
>> Cuatro atentados y tres asesinatos de periodistas mexicanos en marzo
Recientemente la directora general de la Unesco, Irina Bokova, calificó de inaceptable usar la violencia para silenciar a los reporteros.“El miedo y la hostilidad son las herramientas de quienes quieren restringir la libertad de expresión … Quienes hayan perpetrado este crimen no deben permanecer impunes”.

CIDH contabiliza 162 periodistas asesinados en 6 meses

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Lima, 2 Nov (VF/teleSUR) Ser periodista sigue siendo una profesión de riesgo en América, así lo demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al contabilizar 162 trabajadores de medios de comunicación asesinados en los últimos seis meses.

Los datos revelados este miércoles a propósito del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas indican que cada 14 días un periodista es asesinado en América.

Los índices de periodistas asesinados se mantienen elevados desde los últimos tres años, con el agravante de que la mayoría de estos delitos están impunes.

>> Tres casos de impunidad contra periodistas en América Latina

EFE

 

El dato: En el 2014 se registraron unos 25 asesinatos presuntamente relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, en el 2015 ocurrieron unos 27, mientras que en el 2016, hasta el mes de agosto, se documentaron unos 17 casos.  
“En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México”, 55 en total, señaló el organismo.

Las agresiones en esa nación se mantienen impunes en el 90 por cientos de los casos, según lo denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La situación en Honduras y Brasil no es muy distinta a la de México, de acuerdo con la CIDH. “Casi uno de cada cinco asesinatos de periodistas sucedió en Honduras (28 en total); y en Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos”, indica el organismo.

Honduras en impunidad a 6 meses de la muerte de Berta Cáceres

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Lima, 2 Sep (VF/teleSUR) La violencia en Honduras sigue cobrando la vida de líderes ambientalistas, pese a los 23 años de lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de ese país (Copinh), que ha tenido resultados positivos a favor del medio ambiente. Hace seis meses ocurrió uno de los asesinatos con mayor trascendencia internacional: Berta Cáceres. 

La impunidad es uno de los motivos que los especialistas atribuyen al descontrol de la inseguridad. Explican que la herencia del golpe de Estado (de hace siete años contra Manuel Zelaya) influye en la falta de justicia ante crímenes de activistas sociales y comunitarios, tales como Berta Cáceres, Nelson García y Yaneth Urquía. 

>> Asesinan a otra dirigente indígena medioambiental en Honduras
Los asesinatos de líderes, que han dedicado su vida a evitar que las transnacionales operen en ríos, lagos, suelos y lugares sagrados para la población indígena, sigue pasando sin que se llegue a un acto de justicia para los culpables, explican integrantes de la Copinh.

Cáceres se dedicó durante más de 20 años a luchar por los derechos de los pueblos, la justicia social y la correcta administración de los recursos naturales.

“El sentido de pertenencia de la líder asesinada se oponía a los intereses de las empresas que trabajan en las mineras sin la mínima consideración al ecosistema, pero su lucha tuvo consecuencia, y ella, trajo resultado: Su muerte”, aseguran voceros del Copinh. 

>> Honduras: a siete años de un golpe que sigue doliendo
La lucha del Copinh, sobre todo de Cáceres, impidió que la represa Agua Zarca perjudicara las actividades agrícolas, privatizara ríos y ocasionara desplazamientos, situación que le dejó una estela de enemigos “poderosos”, de quienes recibió constantes amenazas y todas ignoradas por el Estado. 

Pero el caso de Berta no es el único, explican líderes del Copinh y , agregan “tal es el caso de Antonio Luna López y Jeannette Kawas Fernández. Ambos crímenes quedaron impunes, porque nunca se detuvo a ninguna persona”.

Guatemaltecos recuerdan a víctimas en Marcha de la Memoria

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Lima, 3 Jul (VF/teleSUR) Para llevar a cabo la Marcha de la Memoria, los guatemaltecos salieron a las calles este jueves, recorrieron el Centro Histórico y se plantaron frente a la Casa Presidencial y el Palacio Nacional de la Cultura.

Durante la jornada, rindieron tributo a las miles de víctimas del conflicto interno de más de 36 años y conmemoraron la firma del acuerdo de paz en esta nación.

Prensa Libre

 

La marcha liderada por el colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio contó con actividades artísticas en la Plaza de la Constitución, ubicada en la ciudad capital.

La actividad se realizó, como cada año, durante el día de la Fuerza Armada para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por este cuerpo.

Prensa Libre

El día de la fuerza castrense en Guatemala tiene nueve años celebrándose con actos protocolares a puertas cerradas en la base Mariscal Savala, en el noroccidente de la ciudad de Guatemala, sin embargo, este 2016 el presidente Jimmy Morales decidió que saldrán de nuevo a las calles. Por ello, el próximo domingo 3 de julio habrá un desfile militar que, de acuerdo con analistas políticos y organizaciones sociales, confirma que el mandatario está rodeado de militares de la vieja guardia, que se opusieron a la firma del acuerdo de paz en 1996.

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Para el politólogo y coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, en esta nación “ha sido muy difícil romper con la impunidad”, y destacó el papel del movimiento de familiares de las víctimas que ha protagonizado esta labor.

Aseguró que no hay posibilidades de futuro para Guatemala mientras sea indiferente el pasado oprobioso del terrorismo de Estado y no se enjuicien a los responsables de la muerte de miles.

El dato: Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno de Guatemala murieron al menos 150 mil personas y desaparecieron alrededor de 40 mil. Se presume que la cifra sea aún mayor.

¿Donde estan los Desaparecidos?

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Si algo bueno hay que rescatar del ejecutivo y legislativo salientes es la recién aprobada y promulgada ley de búsqueda para las personas desparecidas durante la guerra interna que sufrió el Perú entre 1980 y el 2000.

Desde la entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) las macabras cifras de lo que padeció el país, sumido entre dos fuegos, ha ido en aumento: de 8 mil 558 desaparecidos se paso a casi 16 mil y de los 70 mil muertos se calcula que la cifra puede pasar los 100 mil.

¿Porque el aumento de las cifras? Bueno porque para una época tan dramática como la vivida en el Perú y con la escasa colaboración de los actores de la guerra el tiempo que se le dio a la CVR fue corto y solo con investigaciones posteriores se esta llegando a números mas reales.

Yendo a la ley en si, el Ministerio de Justicia creara un Registro nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro y sera el encargado de articular las medidas correspondientes para la búsqueda, recuperación, identificación y restitución de los restos a sus familiares.

“Madre que tu hijo no ha desaparecido, madre que yo lo encontré andando contigo, lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra” Madres- Ismael Serrano.
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Se calcula alrededor de 4 mil 644 sitios de entierro como se le llaman sutilmente a las fosas comunes. Análisis de algunos de estos lugares muestran que habrían sido sepultados en grupos de hasta tres personas. Si a estos se le suman los de las masacres, donde se asesinaron por decenas, la cifra de casi 16 mil parece que sera superada.

Una de las funciones que entrega esta ley, es que el Ministerio de Justicia deberá coordinar con las instituciones correspondientes para adoptar y proteger los sitios de entierro para que no se alteren o se destruyan. En este tema hay mucho trabajo por hacer.

Muchos cuarteles como los Cabitos en Ayacucho iniciaron una “limpieza” de sus fosas comunes hace años incinerando los cuerpos. Otros sitios de entierros como el del Caso Cantuta han sido tomados por ilegales canteras que han sepultados bajo toneladas de arena y piedras el posible lugar donde están los restos de los estudiantes y el profesor. Y sin duda algunos lugares quedan en Selvas inhóspitas, fondo de ríos, entre cerros o son propiedad privada ahora.

Las excavaciones revelaron la dimensión del horror, también se encontraron cuerpos de mujeres en estado de gestación avanzada.
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Esto nos lleva a entender que la sola promulgación no alcanza. Vamos a necesitar de la voluntad política del nuevo gobierno para que esta ley se haga efectiva, es decir que provea de los recursos materiales y humanos necesarios para que la ley no duerma el sueño de los justos.

Y también de un nuevo liderazgo en las Fuerzas armadas y Policiales que contribuya a la ubicación de miles de peruanos que merecen un entierro digno y el ultimo adiós de sus familias. Y va lo mismo para los dirigentes de los partidos que fueron gobierno en el periodo de la violencia y para otros actores armados como Sendero Luminoso, el MRTA y los Comités de Autodefensa.

Si todos hablan de cerrar heridas y dejar los odios, este es el momento para sincerar información y abandonar el dañino espíritu de cuerpo. Miles de familias necesitan terminar su duelo y un país entero saber que paso.

Seria bueno que los medios de comunicación, tan dados a usar tiempo y espacio en cosas de que nos avergüenzan, acompañen de manera constructiva este proceso que no estará ajeno a zancadillas de quienes desean impunidad.

Y desde luego se necesitara que los sectores organizados estén atentos, vigilantes y movilizados cada vez que sea necesario. Tenemos ley, pero ahora hay que hacerla funcionar.

Hasta la Victoria Siempre

Guillermo Bermejo Rojas

http://guillermo-bermejo.com/2016/06/24/donde-estan-los-desaparecidos/

México a 10 años de la brutal represión policial en Atenco

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A 10 años de la represión policial en San Salvador de Atenco, México, que dejó dos muertos, cientos de heridos y 27 mujeres abusadas sexualmente, siguen saliendo a la luz casos similares que demuestran que esta práctica es común de las fuerzas de seguridad.

Así lo reseña el diario local Proceso al destacar que organizaciones civiles documentan nuevas violaciones por parte de funcionarios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que denunciaron sus casos en los disturbios de Atenco en 2006.

>> 100 desaparecidos en México tras desalojo violento de protesta
San Salvador de Atenco es una población del Estado de México, donde un 3 de mayo de 2006 cientos de campesinos fueron víctimas de la brutal represión policial por parte de la policial regional, quienes actuaron bajo la autorización de quien para ese entonces era gobernador, Enrique Peña Nieto.
Cerca de 500 campesinos de Atenco manifestaban debido a que en octubre de 2001 el presidente de México para ese momento, Vicente Fox, anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, para ello, el Gobierno tenía que expropiar casi cinco mil hectáreas de terrenos agrícolas, tierras que eran el sustento de un gran numero de familias.

Foto: AP

A una década de lo ocurrido en Atenco y pese a la imperante impunidad que aún persiste por el caso, otros pueblos se mantienen firmes ante las violaciones de las autoridades estatales.

Habitantes de San Miguel Tocuila, del municipio de Texcoco, instalaron un campamento para impedir que se den las obras de una autopista que conectaría hacia el aeropuerto internacional de México, lo que supondría también acabar con cientos de hectáreas fértiles para la agricultura, según informó el corresponsal de teleSUR en esa nación, Eduardo Martínez.

Pobladores de #Texcoco se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la #CDMX.Hoy por @teleSURtv @AissateleSUR pic.twitter.com/CzFsU6qWKB

— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) 30 de abril de 2016
 

El periodista destacó que esta situación podría tornarse tensa con la aprobación de la mal llamada Ley Atenco, (ley que regula el uso de la Fuerza Pública) que es discutida en el Parlamento, porque con ella el Estado busca legalizar las represiones policiales.

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Uno de los miembros de los pueblos en Defensa de la Tierra, Cesar del Valle, dijo en entrevista exclusiva para teleSUR que a 10 años no hay justicia por el caso, “sigue imperando la impunidad, los culpables siguen libres, sobre todo el mayor culpable, Enrique Peña Nieto”.
Del Valle comentó que hasta los momentos solo han hecho algunas detenciones de supuestos policías, quienes alegan que ellos no estuvieron en ese operativo, pero destacó que “esto solo es una cortina de humo para decir que si hay justicia; es mentira”. 

“En nuestro país se violan constantemente los derechos humanos, existe una clara impunidad por parte del gobierno para que no se haga justicia, no hay culpables no se ha castigado a nadie”, denunció del Valle.

>> Unicef: México debe hacer una mayor inversión en los niños
El defensor de las tierras mencionó que el gobierno insiste en construir el proyecto aeroportuario, y con eso lo que está es orillando a que vuelva a pasar la misma situación de hace 10 años.

En referencia a la mal llamada Ley Atenco destacó que con ella lo que el Estado busca es responsabilizar a los pueblos de esas violencias.

México pide “disculpas” por tortura de mujer grabada en vídeo

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Tras salir a la luz un vídeo que muestra la tortura ejecutada por dos soldados y una policía hacia una mujer en México, el secretario de la Defensa Nacional de ese país, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas por lo que calificó como un “inadmisible evento”.

En las imágenes difundidas esta semana se aprecia cómo una agente de la Policía Federal de México esposa las manos de la mujer, a quien asfixia con una bolsa plástica, mientras un militar le hace preguntas y la amenaza con aplicarle otras formas de tortura.

>> Defensa de México confirma veracidad de vídeo de mujer torturada por militares
“En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, dijo el general desde el Campo Militar Uno de Ciudad de México frente a más de 26 mil soldados.

Asimismo, señaló que se trata de “hechos deplorables que no solo denigran como soldados, también traicionan la confianza” de la sociedad hacia esta institución.

“Que quede claro, no debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad. La delincuencia se contiene con la ley en la mano”, añadió Cienfuegos.

>> Impunidad en caso de desapariciones forzadas en México
El dato: En abril de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) señaló en un informe que en más del 60 por ciento de los casos de abusos documentados en México el objetivo es conseguir confesiones.
De acuerdo con un informe emitido el pasado jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en México persiste la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos y denunció la participación de la policía y de militares en ‘‘graves abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones’’.

El informe anual estadounidense señala ‘‘problemas graves’’ en México como la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas policiales y del sistema judicial.