Campesinos guatemaltecos exigen renuncia del presidente Morales

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Lima, 7 Nov (VF/teleSUR) Varios grupos de campesinos guatemaltecos comenzaron este martes a bloquear varias arterias viales como parte de un “paro nacional”, convocado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, así como la destitución de 158 parlamentarios del gabinete gubernamental. 
De esta manera, Codeca formalizará la solicitud ante el Ministerio Público para “actuar apegado a la ley y castigue a diputados y funcionarios corruptos” y que, junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sigan desarticulando todas las estructuras criminales que están trabajando para el Estado.  

Anuncian movilizaciones para este martes en #Guatemala para rechazar desalojos violentos de poblaciones indígenas. pic.twitter.com/RNUzmJFa6j

— Mario Rosales (@MarioteleSUR) 6 de noviembre de 2017

El organismo exigió el cese de la persecución en contra de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos de los pueblos.
“Exigimos al sistema de justicia, actuar apegado al derecho y no perseguir a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos”. 

Entre sus exigencias, Codeca también reclama el cese de desalojos de campesinos, lo que considera como acciones que “atentan directamente contra la vida”.  
Los responsables de la convocatoria aclararon que no permitirán el paso de automotores de ningún tipo, sólo podrán transitar los caso de emergencia comprobados en los que se presenten unidades especiales: Ambulancias, policías y bomberos.

>>Organizaciones guatemaltecas exigen detener proyecto hidráulico

Más de 50 países apoyan a Venezuela en el Consejo de DD.HH. ONU

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Lima, 28 Sep (VF/teleSUR) Durante la 36° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, este jueves se llevaron a cabo diversas intervenciones de apoyo al pueblo de Venezuela por parte de un grupo de países firmantes, así como también de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) y del embajador de ese país en la ONU, Jorge Valero.
Fueron 57 países los que adscribieron a la declaración conjunta sobre los hechos ocurridos en el país sudamericano en los últimos meses. Esta, respaldó al gobierno de Nicolás Maduro Moros en trece puntos en los que se llamó al respeto por la soberanía e independencia de Venezuela.
>> Evo Morales rechaza medidas de Donald Trump contra Venezuela
“Condenamos cualquier acción que perturbe la paz, la tranquilidad y la estabilidad demócratica (…) y que amenace su soberania, incluyendo las recientes amenazas sobre una posible intervention foranea de caracter militar” indica el documento leído por el embajador de Cuba en el Consejo, Pedro Luis Pedroso.
En la locución, las naciones adherentes aseveraron que “es al pueblo venezolano a quien compete, exclusivamente, determiner su futuro sin injerencias externas” indica el documento, al tiempo que reconoce que la democracia de ese país promueve “el desarrollo pars consolidar la paz y reafirmar los valores de la justicia social”.

#EnVivo | Países del Consejo de DDHH ONU: “Sanciones de #EEUU contra #Venezuela sólo generan más violencia” https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/k73M1wanZn

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 28, 2017

Asimismo los firmantes reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente como promotora de “diálogo inclusivo” a través del “reconocimiento político mutuo, la unidad, la reconciliación y la cooperación”, sindicándola como garante del “pleno funcionamiento del Estado democrático”. 
Las naciones, entre las que se encuentran Iraq, Rusia, Cuba, China, Bolivia, Palestina, Siria, Libia, Ecuador, Vietnam, Sudáfrica e Irán, entre otras, reiteraron su “apoyo al Gobierno Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela, en su compromiso de preserver la paz y mantener la institucionalidad democratica en el país”.
Respaldando también los reiterados llamados de Nicolás Maduro “al dialogo politico” para “preserver la paz y garantizar la estabilidad de las instituciones democraticas”.
>> Venezuela supera a Estados Unidos en materia de derechos humanos en la ONU
Al tiempo que manifestaron su rechazo a la injerencia internacional con respecto a los asuntos internos del país, considerándolas “foráneas, unilaterales e ilegales”, develadas a través de “medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano”, por tratarse de “una clara violación del derecho internacional y de los derechos humanos” puesto que “afectan de manera directa al pueblo”, acusando que estas medidas buscan conseguir “un cambio de Gobierno”.
Además, declararon su apoyo a los llamados de diálogo por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, del presidente de República Dominicana, Danilo Medina y del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la jornada, también se leyó la declaración de los pueblos del ALBA, documento que siguió la misma línea en su exigencia al respeto por la integridad territorial de Venezuea. A través de la voz del embajador nicaragüense Hernán Estrada, la organización hizo un repudió a “la campaña mediática internacional” y condenaron “las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump” sobre una “una posible acción militar”, además de las sanciones políticas, económicas y financieras contra el país.

#EnVivo | Países Consejo de DDHH #ONU: “Sólo el pueblo de #Venezuela determina su futuro sin injerencias externas” https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/3S4EterniW

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 28, 2017

Por su parte, el representante venezolano en el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, saludó la solidaridad de los países en estas intervenciones y aseguró que “Han naufragado los intentos de acabar con la democracia”, prueba de esto es la Asamblea Nacional Constituyente, ya que gracias a ella “reina la paz (…) y triunfó la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez”, dijo el diplomático. 
La sesión ordinaria número 36 del Consejo de Derechos Humanos, que actualmente se desarrolla en Ginebra, Suiza, inició sus diálogos el lunes 11 de septiembre, finalizando este viernes 29.
>> ¿En qué consisten las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Venezuela? 
El respaldo de los pueblos del ALBA y los 57 países firmantes de la declaración emitida, vienen a refirmar el apoyo solidario a nivel mundial a la nación sudamericana, que en las últimas semanas ha recibido las agresiones de Estados Unidos y de otros países aliados al imperio, quienes a través de comentarios injerenciastas, intentan dilatar los procesos democráticos que actualmente se desarrollan en Venezuela, como lo son las próximas elecciones regionales para el 15 de octubre, instancia en que participarán tanto partidos de la derecha opositora como del chavismo.

Arabia Saudita detiene a defensores de DD.HH

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Lima, 19 Sep (VF/teleSUR) Los defensores de Derechos Humanos, Abdelaziz Al Shubaily e Isa Al Hamid, fueron detenidos el pasado fin de semana por el Gobierno Saudí  como parte de la campaña contra disidentes a la monarquía, informaron oenegés este martes.
Los defensores son miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), disuelta en 2013 y prohibida desde entonces por el gobierno y la monarquía del país árabe.
>> ONU: Arabia Saudita debe financiar ayuda humanitaria para Yemen
Según fuentes citadas por el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), su arresto está vinculado a las condenas judiciales pronunciadas contra ellos.
En enero de 2017, una corte especial confirmó la condena a ocho años de cárcel de Shubaily por haber convocado manifestaciones y amenazado el orden público.
En diciembre de 2016, otro tribunal agravó la pena de cárcel contra Hamid, condenado en total a 11 años por propagación de falsas noticias y ofensa a la imagen del Estado.
>> Macron vincula a Arabia Saudita y a Catar con el terrorismo
Antes que Shubaily y Hamid, al menos 20 personas, entre ellos influyentes predicadores e intelectuales, fueron detenidos en Arabia Saudí en una campaña lanzada el 9 de septiembre contra disidentes.

Qatar solicita a la ONU investigar abusos de derechos humanos

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Lima, 15 Sep (VF/teleSUR) El presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, Ali bin Smaikh Al Marri, solicitó este viernes al Comisario de Derechos Humanos, Zeid bin Ra’ad bin Al Hussein, enviar una “comisión técnica” a Qatar, para que revise las violaciones de derechos humanos que el pueblo qatarí y otros países de la región han sufrido, debido al bloqueo.
“Pedimos al alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que envíe una comisión técnica a Qatar para monitorear las violaciones de derechos humanos y el bloqueo, y para visitar a todas las víctimas”, señaló Al Marri durante una rueda de prensa.
>>Qatar pide reconstruir el diálogo entre países del Golfo

De esta manera, Al Marri pidió al Alto Comisionado unir esfuerzo para terminar con las violaciones al pueblo de Qatar y otros pueblos de la región del Golfo.
“Creo que está en el mandato del Alto Comisionado y esperamos esta misión”, indicó el funcionario, al tiempo que indicó que espera que se tomen medidas contra los procedimientos ejecutados por los cuatro países.
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto. después de romper relaciones diplomáticas con Qatar decidieron imponer una serie de sanciones económicas y políticas, tras alegar que la nación tenía vínculos con el terrorismo, cuestión que el Gobierno qatarí ha negado en diferentes ocasiones.

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Canciller de Venezuela exige cese de agresión de ONU y EE.UU.

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Lima, 11 Sep (VF/teleSUR) En su intervención en el 36 Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, ratificó la defensa de los DD.HH. que la nación ejerce en el país sudamericano y condenó la agresión contra la nación por parte del alto comisionado de la ONU y de Estados Unidos (EE.UU.).
Arreaza realizó un completo balance de la situación actual en Venezuela, recordando la garantía a la protección social reflejada en sus índices en planes de salud, vivienda, educación y pensiones, al tiempo que condenó la violencia llevada a cabo durante cuatro meses por las protestas de la oposición que dejaron un saldo de 121 fallecidos.
 

#Vivo | “No será la primera vez que derrumbemos las mentiras” responde el canciller de #Venezuela a Consejo DDHH ONU https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/bgVZUxWut9

— teleSUR TV (@teleSURtv) 11 de septiembre de 2017

 
Asimismo, denunció el uso de niños en manifestaciones de la derecha, como también los crímenes de odio reflejados en la quema de personas por su color de piel, origen social y opción política. 
El canciller recordó a la ONU los orígenes de su creación y condenó la falta de objetividad de la organización, llamando a “eliminar la politización”. “Lamentablemente la historia reciente está plagada de casos donde el uso político selectivo y parcializado es la estrategia empleada por aquellos que buscan imponer una sola visión del mundo”, agregó, condenando la “falta de objetividad y rigor” en el informe sobre DD.HH. en Venezuela emanado por el alto comisionado de la organización.
 

#EnVivo | Canciller venezolano, @jaarreaza exige al alto comisionado de la ONU cesar su persecución contra Venezuelahttps://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/Qfei0pqRSW

— teleSUR TV (@teleSURtv) 11 de septiembre de 2017

 
“Es claro el ejemplo del uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación” señaló Arreaza en referencia a las acusaciones “sin fundamento” sobre los DD.HH. en Venezuela, llevada a cabo por Estados Unidos y el alto comisionado de la organización, quienes han ejercido una persecusión contra el gobierno de Nicolás Maduro; y en respuesta a las palabras del jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Husein, quien mencionó que en el país sudamericano “podrían haberse cometido crímenes contra la humanidad, lo que sólo puede confirmarse con una subsiguiente investigación criminal”.
 

Canciller @jaarreaza a Alto Comisionado de los DDHH: Le exigimos que cese la agresión contra Venezuela a través de falsos informes. pic.twitter.com/bz9Ei3bfng

— Cancillería (@vencancilleria) 11 de septiembre de 2017

 
Arreaza recordó además que desde el 30 de julio de 2017, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente, no se han registrado nuevas protestas y por consiguiente, más asesinatos, asegurando que la Constituyente trajo paz al país y lo restituyó en la democracia habitual que caracteriza a Venezuela. Reflejo de ello, mencionó, fueron las primarias de oposición celebradas este domingo 10 de septiembre en absoluta normaldidad. 
 

Canciller @jaarreaza: Durante 4 meses en Venezuela fuimos sometidos a una escalada de violencia política por parte de la derecha extrema. pic.twitter.com/9TcGmWzZwY

— Cancillería (@vencancilleria) 11 de septiembre de 2017

 
El político venezolano aprovechó la instancia para recordar que este lunes se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile y del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York, responsabilizando de ambas agresiones a Estados Unidos y su política injerencista a nivel mundial. “El terrorismo en cualqueir de sus modalidades representa una verdadera ameneza contra la paz y la estabilidad”, dijo el canciller, asegurando que Venezuela lucha por la defensa de la verdad e invitando a una comisión de la organización a visitar el país y cercioarse de la situación con respecto al tema,
El 36 Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se lleva a cabo este lunes 11 de septiembre en Ginebra, Suiza.

ONU confirma crímenes de lesa humanidad en Burundi desde 2015

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Lima, 4 Sep (VF/teleSUR) Un grupo de comisionados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron este lunes que en Burundi se han perpetrado crímenes de lesa humanidad desde abril de 2015, además le solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que agilice una investigación.
La comisión investigadora de la ONU recolectó información que permitió “confirmar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, y violencia sexual” a partir de abril de 2015.
Los crímenes detonaron el 25 de abril de 2015, luego del pronunciamiento del mandatario Pierre Nkurunziza, de postularse para optar a un tercer mandato presidencial sucesivo, sin embargo, esta violencia de orden político se ha tratado de matizar de factores étnicos.
>>Advierten que los derechos humanos no mejoran en Burundi
Según la comisión, en los próximos días presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se indica con claridad que el mayor número de violaciones a los derechos humanos fueron ejecutados por “miembros del servicio nacional de inteligencia, la policía y el ejército”.
Asimismo, en el informe consideran responsables a la liga de juventudes del partido de Nkurunziza, llamados usualmente los “Imbonerakure”.
En el informe, también se responsabilizan a los grupos armados de oposición de algunos abusos de los derechos humanos, pero en un nivel menor en relación a los señalamientos que se atribuyen a las fuerzas del Gobierno de Burundi y el sistema estatal.
El Gobierno de Burundi no ofreció ningún tipo de cooperación a la comisión de la ONU, dirigida por el jurista de Argelia, Fatsah Ouguergouz, para que realizara su trabajo y además les negó la entrada al país.
>>ONU visitará Burundi para investigar estado de torturas
Los integrantes de la comisión explicaron que su investigación se realizó desde Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania. Desde allí, se reunieron con refugiados burundeses y lograron entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades. 
En su informe, también mencionan una serie de ataques contra “una población en su mayoría civil compuesta de opositores al gobierno o de personas percibidas como tales”. Responsabilizan al “más alto nivel del Estado, oficiales superiores y agentes del servicio nacional de inteligencia, de la policía, del ejército y de los Imbonerakure”.

Afectados por presa en México denuncian violaciones a derechos

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Lima, 31 Aug (VF/teleSUR) Los pobladores de las localidades mexicanas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunciaron este miércoles sufrir hostigamiento y violaciones a sus derechos por parte de autoridades que pretenden obligarlos a dejar sus casas para la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco.
Según fuentes locales, algunos habitantes fueron convencidos, con “engaños”, por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de vender sus propiedades y ser reubicados en otros predios, una promesa que para muchos no se ha cumplido.
“Vinieron y dijeron que negociemos por la buena y si no, vamos a dar motivo a que seamos expropiados y al ser expropiados ellos van a pagar nuestros terrenos como ellos digan”, afirmó Luis Villegas, vecino de la comunidad, quien interpuso un juicio de amparo para evitar el despojo de sus propiedades.
>> Más de mil casos de agresión contra activistas de DD.HH, México
La presa de El Zapotillo es un polémico proyecto financiado desde hace 12 años por la Conagua, así como los estados de Jalisco y Guanajuato.
Acasico está a 15 kilómetros de distancia de la cortina de El Zapotillo y, en caso de concretarse el proyecto de la presa, el pueblo sería inundado. En el lugar solo permanecen unas 15 familias, luego de la marcha de la mayoría de residentes.
>> ONU-DH lanza campaña a favor de los desaparecidos en México
De las 98 casas que la Conagua prometió a los pobladores, 32 están en construcción en un predio cercano, pero la obra está parada desde hace meses con el argumento de que “no hay dinero para terminarla”, según denuncian los habitantes.
Algunos de los habitantes de Palmarejo y Temacapulín fueron trasladados al predio de Talicoyunque, conocido ya como Nuevo Temacapulín y que es administrado y custodiado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco.
Visita de la ONU
A petición de organizaciones civiles y los pobladores, oficiales de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron el martes una misión de observación, para conocer las zonas de reubicación con la intención de dialogar con los afectados.
Sin embargo, a los representantes del organismo internacional les fue prohibida la entrada a las zonas de reubicación por las fuerzas de seguridad del lugar según sostuvo María González Valencia, coordinadora del área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Guardias impiden a @ONUDHmexico paso a predio Talicoyunque #Jalisco, lugar de desplazamiento forzado por presa El Zapotillo @AristotelesSD pic.twitter.com/P1AU3tVTa0

— mapder (@mapder) 29 de agosto de 2017

Basado en un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio a conocer a finales de junio que permitirá la inundación de los tres poblados, lo que generó el repudio de los habitantes.
Por su parte, María Alcaraz, habitante de Temacapulín, insiste en que no cederán ante la presión del gobierno estatal para dejar sus casas y el pueblo que vio nacer a sus ancestros, ya que no hay un lugar seguro al que puedan ir.
Los habitantes de Temacapulín aseguran que, lejos de temer a la reciente decisión del gobernador, se sienten fortalecidos para “seguir la lucha”.

Impulsan ley de ayuda a víctimas de guerra civil en El Salvador

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Lima, 24 Aug (VF/teleSUR) Un conjunto de organizaciones de derechos humanos en El Salvador publicaron este jueves una propuesta de Ley de Reparación para víctimas del conflicto armado de la década de los 80.
La Ley tiene el objetivo de “establecer medidas de reparación a cargo del Estado de El Salvador, en beneficio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto armado interno y el contexto represivo previo”.
>> El acuerdo de paz que terminó la guerra civil en El Salvador
Durante la guerra civil salvadoreña, fueron cometidas graves violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de estos hechos siguen desamparadas, pese a que transcurrieron 25 años del fin del conflicto.
Para Ramón Arita que en 1985 fue capturado, torturado y permaneció 22 meses como preso político, la propuesta busca que se salde “la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado”.

@PROBUSQUEDA @ULuterana @UCA_ES y @UESoficial en presentación pública de la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado. pic.twitter.com/I6xy81yD6G

— Universidad Luterana (@ULuterana) 23 de agosto de 2017

La guerra civil finalizó en 1992, tras 12 años de combates entre la guerrilla y el ejército. Se estima en 80.000 el número de víctimas entre muertos y desaparecidos la mayoría atribuidos a fuerzas estatales. La propuesta de Ley de Reparación Integral reclama también el derecho a la justicia y verdad en estos casos.
Esta propuesta de Ley será presentada el próximo 31 de agosto al Congreso.

ONU exige a Israel liberar a presos palestinos en huelga de hambre

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Lima, 11 Aug (VF/teleSUR) El Secretario General de las Naciones Unidas expresó preocupación por las condiciones y el estado de salud de prisioneros palestinos en huelga de hambre en Israel
Desde hace un mes los presos mantienen la huelga, sometidos a una condena administrativa por el régimen, por lo que Ban reiteró a Tel aviv que autorice la liberación de los palestinos sin mayor demora.
Cerca de 120 presos en huelga exigen a Israel que levante cargos o los deje en libertad. Según una ONG palestina, algunos han sido trasladado a centros hospitalarios por el deterioro de su salud.
Mientras, el régimen espera la aprobación de un proyecto de ley que le permitiría la alimentación forzada. De aprobarse, empeoraría la situación de los prisioneros en huelga de hambre, y además continuarían violando las leyes internacionales, según la ONU.
Más de 4 mil 500 palestinos se encuentran en centros penitenciarios del régimen israelí, muchos de ellos sin que hayan cargos en su contra o hayan comparecido ante un juez.

Inconsistencias del informe del Alto Comisionado sobre Venezuela

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Lima, 10 Aug (VF/teleSUR) La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra emitió un informe en el que responsabiliza a Venezuela de usar la fuerza “extendida y sistemáticamente” contra manifestantes durante las protestas violentas impulsadas por la oposición entre abril y julio.
Venezuela repudió el seudo informe y señaló que la Oficina del Alto Comisionado es utilizada como instrumento de guerra para atacar al país caribeño. 
En el texto publicado por el organismo internacional se evidencian ciertas inconsistencias, por ejemplo, se admite que el informe está hecho a distancia a través de un equipo de “oficiales de derechos humanos” desplegados en Ginebra y Panamá entre el 6 de junio y el 31 de julio. Estos efectivos dirigidos por el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Zeid Ra’ad Al Hussein, realizaron 135 entrevistas a venezolanos establecidos en otros países para “investigar” la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Desde Ginebra y Panamá el equipo de “oficiales” asume como verdaderas muy graves lesiones de tortura, como personas colgadas por las muñecas y sometidos a descargas eléctricas, asfixiadas con gases o sometidas a amenazas. Sin embargo, un informe a distancia “no puede dar por ciertos testimonios tan graves de tortura”, explica la ong Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
En el texto, la Oficina del Alto Comisionado asume como cierta la cifra de 124 muertes hasta el 31 de julio publicada por el Ministerio Público venezolano, sin embargo, los expertos no tomaron en cuenta los asesinatos cometidos por manifestantes opositores con armas caseras, así como las 17 muertes provocadas por barricadas de la oposición. Hasta el 28 de julio la cifra de fallecidos por la violencia en las protestas fue de 137 personas, según el informe Víctimas Fatales de la Violencia Política en Venezuela (abril- julio 2017) del Ministerio para la Comunicación e Información venezolano.
El informe responsabiliza a “grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”. De esta forma omite las muertes ocasionadas por acciones violentas de la oposición venezolana como el asesinato de la joven de 23 años Paola Ramírez, perpetrado por Iván Alexis Pernía, un ciudadano venezolano abiertamente opositor que disparó a mansalva contra un grupo de motorizados. Al igual que el caso de la señora Almelina Carrillo, quien recibió un impacto con una botella de agua congelada arrojada desde un edificio mientras transitaba al lado de una marcha chavista.
Tampoco menciona a las 29 personas quemadas vivas,nueve de las cuales murieron, durante hechos violentos de la oposición entre abril y julio, así como los linchamientos a personas por ser señaladas como chavistas o “colectivos”. 
El texto no menciona a las nueve fallecidos de los organismos de seguridad del Estado a causa de acciones violentas de la oposición. Se trata de dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de la Policía de Lara, dos de la Policía de Carabobo, tres de la Policía de Mérida y uno de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.
Igualmente, el informe ignora a víctimas chavistas como los tres militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asesinados en Viaducto Campo Elías de la ciudad de Mérida.
Los expertos en DD.HH. sugieren que hubo un “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes e incluso tortura”, sin embargo, la prensa internacional y algunos medios nacionales eliminan este verbo y dan por hecho que la ONU afirma que las fuerzas de seguridad venezolanas “maltratan y torturan de forma generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos. 
El informe del Alto Comisionado también ignora que el máximo representante de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó en julio su deseo de paz y democracia para Venezuela, desde entonces llamó en varias ocasiones a un diálogo nacional entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana para erradicar la violencia, los abusos y el fanatismo.
En agosto, Guterres manifestó a través de un comunicado que la crisis en Venezuela no podía ser resuelta mediante la imposición de medidas unilaterales “sino que requería una solución política basada en el diálogo y el mutuo acuerdo”, petición que tampoco aparece en el informe de los expertos en derechos humanos. 
Lea aquí el informe completo del Alto Comisionado