CSJ de Guatemala evalúa solicitudes en contra de Jimmy Morales

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Lima, 4 Sep (VF/teleSUR) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala realiza este lunes un pleno extraordinario con el fin de analizar y evaluar las peticiones de levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco Jimmy Morales.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron a Morales de recibir y ocultar fondos durante la campaña electoral donde resultó ganador.
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La investigación presentada por la parte acusadora dice que el partido Frente de Convergencia Nacional, del que Morales fue secretario, ocultó el financiamiento de 321.217 dólares y se gastó 603.075 dólares en campaña publicitaria sin explicar el origen de los fondos con los que el partido realizó los pagos.
Asimismo, la CSJ en este pleno deberá evaluar y resolver dos solicitudes más en contra del mandatario, una por obstrucción a la justicia y la otra por abuso de autoridad, debido a la decisión del presidente de ordenar la expulsión del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.

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— Mario Rosales (@MarioteleSUR) 31 de agosto de 2017

En caso de que la CSJ apruebe la solicitud de quitar el fuero al presidente Morales, esta decisión pasará por el Congreso y por el ente Legislativo, de ser aprobada en estas últimas instancia el mandatario deberá encarar a la justicia y se le obliga a renunciar a su cargo.

Corte Suprema de Brasil evalúa crisis del sistema penitenciario

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Lima, 12 Jan (VF/teleSUR) La Corte Suprema de Brasil se reunirá este jueves con los presidentes de los 27 tribunales regionales de ese país para debatir y examinar la crisis del sistema penitenciario brasileño, a raíz de la matanza de al menos 93 reclusos en diferentes cárceles desde comienzo de 2017.
El encuentro fue convocado por la titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Rocha, quien se reunió con los máximos representantes de los juzgados de la región norte de ese país suramericano, para evaluar la rebelión en la cárcel, Anísio Jobin de Manaus.
El encuentro para este jueves, según la Agencia Brasil, es un intento de dar continuidad a los esfuerzos del poder judicial para encontrar soluciones a la crisis.
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El dato: 56 personas murieron durante un “sangriento” motín en la cárcel brasileña Anísio Jobin de la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas, tras el enfrentamiento de dos facciones criminales rivales, según confirmaron las autoridades de ese país el pasado lunes.
A cuatro días de la masacre en Manaos, unos 33 cadáveres fueron encontrados en una cárcel del estado brasileño de Roraima, en el norte del país. 
Y más recientemente, otra matanza dejó al menos cuatro muertos en la cárcel Raimundo Vidal Pessoa, en el centro de la ciudad brasileña de Manaos, capital del estado de Amazonas
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El doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas, Robson Sávio Reis Souza, explicó que la situación del sistema penitenciario brasileño responde, entre otras cosas, al hecho de que en ese país se practica “una justicia selectiva”, que se aplica casi exclusivamente a personas afrodescendientes y pobres.
La sobrepoblación carcelaria es uno de los problemas fundamentales del sistema penitenciario brasileño, duramente criticado por especialistas de Naciones Unidas por el trato cruel, inhumano y degradante que reciben los reclusos.

Según estudios recientes, en todo Brasil guardan prisión en la actualidad más de 668.000 ciudadanos, cuando en las cárceles la capacidad existente está concebida para encerrar apenas a 394.800 procesados.

Oposición parlamentaria reitera rechazo al tarifazo argentino

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Lima, 17 Aug (VF/teleSUR) El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, no logra convencer ni a los legisladores, ni a la población del porqué del alza de las tarifas en los servicios básicos de agua, luz y gas.

Pese a su “larga y candente” audiencia especial en el Congreso, en una sesión conjunta de 114 legisladores de cuatro comisiones (la de Presupuesto y Hacienda, la de Defensa del Consumidor, la de Obras Públicas y la de Energía), en la que intentó defender el tarifazo de Mauricio Macri; Aranguren fue duramente cuestionado por todo el sector opositor.

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El ministro de Energía, en sus explicaciones, señaló que los incrementos de hasta 2 mil 200 por ciento del gas en algunas provincias “fue hecho de la forma más gradual que nos permitía la pesada herencia” que supuestamente dejó el Gobierno anterior, al cual además señala como responsable de las políticas que la actual administración ejecuta.

“No nos tome por pavotes (estúpidos)”, acusó Camaño.

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Al término de sus exposición, los diputados de la oposición lo interpelaron. La legisladora del Frente Renovador, Graciela Camaño, por ejemplo, le exigió los estudios que su ministerio debió hacer antes de aplicar el tarifazo. Asimismo, le reclamó por firmar un aumento de gas y petróleo que solo favorecieron a la empresa Shell, de la que él mismo es accionista, por lo que hasta pudo obtener beneficios personales con esa política.

“Si no sabe el costo, ¿cómo sabe cuánto cobrar?”. interpeló Gioja. 

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El exgobernador de San Juan y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, por su parte, le preguntó a Aranguren el costo del millón de BTU (British Thermal Unit, unidad de energía) de gas en boca de pozo, para de este modo compararlo con lo que la industria le cobra a los usuarios. El ministro, sin embargo, evadió la respuesta: “Me resisto a contestarle”, exclamó.

A la espera del CSJ
La administración de Mauricio Macri espera la sentencia que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expedirá este jueves sobre los tarifazos, luego de los fallos judiciales que lograron frenar la medida. Desde entonces, el Gobierno emprendió un campaña de terror sobre las consecuencias negativas que se generaría si el máximo tribunal desaprobaba los aumentos. 

En esa ofensiva pública el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advirtió que si el CSJ suspende los tarifazos, está obligando al Gobierno a “congelar los pagos por obras públicas y 30 mil obreros perderían su trabajo”. Prat Gay agregó que el Ejecutivo también se vería forzado a tomar más deuda. Pero cabe acotar que pese al aumento de las tarifas, el Gobierno no deja de adquirir deudas y ya emitió el equivalente a 50 mil millones de dólares desde diciembre.

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La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por su parte, indicó que “si la Corte va contra el aumento, se perdería la tarifa social”. Pero si se volviera a cómo estaban las cosas antes del aumento, la tarifa social sería mínima porque los subsidios ayudarían.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitirá su opinión respecto este miércoles. Con ello, el máximo tribunal contará con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre el alza de los precios en las tarifas de los servicios públicos. Medios locales ya han señalado que Garbó se manifestará en favor de anular el aumento del gas hasta tanto se concreten las audiencias públicas previstas legalmente. También se expresará sobre la necesidad de tener en cuenta los “derechos de los usuarios”, los cuales están en peligro por la “exorbitancia” de la suba.

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En contexto
Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2015, la economía del pueblo ha sido duramente sacudida con un paquete de medidas neoliberales, como el incremento de la gasolina y servicios básicos como el gas, el agua, la electricidad y hasta el transporte.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los argentinos gozaban del consumo eléctrico y de gas con planes de subsidios que se implementaron desde 2002; pero el Gobierno de Mauricio Macri los eliminó.
Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) durante los tres primeros meses de 2016, la pobreza en ese país incrementó en 1,4 millones de personas, mientras que otras 350 mil ingresaron en la indigencia.

Movimientos sociales salvadoreños piden renuncia de magistrados

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Lima, 21 Jul (VF/teleSUR) La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia de El Salvador exigió este miércoles la renuncia de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que atentan contra la institucionalidad del país. Y en caso de que estos no renuncien, exigió a la Asamblea que los destituya y elija a nuevos magistrados que defiendan la Constitución.

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“Algunas de estas resoluciones violentan flagrantemente disposiciones constitucionales (…) y son verdaderos atentados contra la institucionalidad de nuestro país”, alertó la organización.

La organización ha rechazado las resoluciones, que desde su perspectiva, son arbitrarias, interfieren en las funciones de otros órganos estatales y constituyen golpes institucionales. 

Así fue calificada la reciente medida que declara inconstitucional a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa y a otras sentencias que han destituido a magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y de la propia Corte Suprema de Justicia, supuestamente motivadas por un antipartidismo exacerbado.

También condenó el boicoteo contra los ingresos gubernamentales a través de sentencias como aquellas que revirtieron el fondo para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, o la reforma tributaria que gravaba a empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco, o el incremento del 13 por ciento a la tarifa energética y la emisión de 900 millones de dólares en bonos.

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“Los magistrados de la Sala se han extralimitado en sus funciones, violentan disposiciones constitucionales, menoscaban la independencia de poderes estatales, han trastocado el orden jurídico-institucional del país y sabotean permanente los esfuerzos del gobierno en la solución a los problemas”, subrayó la organización.
Con esos fallos, la Sala impide al Gobierno salvadoreño obtener recursos para financiar los planes de seguridad pública, protección social a sectores vulnerables, invertir en sectores como la salud, la educación, el saneamiento ambiental, la reactivación productiva, en infraestructura, entre otras acciones en beneficio del pueblo. “Esto violenta los derechos de la población y contribuye al agravamiento de los problemas nacionales más sentidos”, recalcó.

Por otra parte, recalcó que el nombramiento de los cuatro magistrados que actualmente integran la Sala Constitucional del CSJ “no fue transparente ni legal” porque su elección, en lugar de ser un proceso abierto y basado en la evaluación de sus perfiles, se trató solo de una negociación efectuada en Casa Presidencial.

Incluso dos de los magistrados (Belarmino Jaime y Rodolfo González) ni siquiera fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados ni por el Consejo Nacional de la Judicatura, únicas instancias que pueden proponer al parlamento candidatos a magistrados de la Corte, así lo subrayó la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia.

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En contexto
La abogada de la República y representante de movimientos sociales del país, María Silvia Guillén, descalificó el accionar de los magistrados del CSJ puesto que considera que las resoluciones emitidas por ellos, lejos de orientar o hacer valer la Constitución de la República de El Salvador, han tomado la postura de legislar y ordenar reformar de la Carta Magna. “La Sala de lo Constitucional no tiene la facultad para cambiar la Constitución”, concluyó.
Guillén condenó las últimas medidas del cuerpo colegiado destinadas a cambiar el panorama social, económico y político del país, al tomar una actitud de imposición, que sobrepasa a otros poderes del Estado salvadoreño. Esto ha llevado a que algunos sectores a considerar que se está realizando un golpe de Estado técnico al Gobierno de turno, puesto que ahora no se le permite desarrollar programas y proyectos a favor de la población.